La nueva Ley LGTB de Andalucía puso de cabeza a los Obispos

Antes de finalizar el año 2017, específicamente el día 19 de diciembre, el Parlamento Andaluz, aprobó por decisión unánime, la Ley que garantiza el disfrute de derechos y la no discriminación a la comunidad LGTB(Lesbianas, Gais,​ Bisexuales y Transexuales), que sienta un precedente histórico, para esta comunidad históricamente atracada.

Y es que, además de penalizar la discriminación y homofobia que pudiesen recibir los miembros de la comunidad sexo diversa, esta ley trae como novedad la inclusión del término de familia homoparental, entendiéndose como aquella donde conviven “gais, lesbianas, transexuales, bisexuales o intersexuales con niños y niñas menores de edad que se encuentren de forma estable”.

Siendo precisamente, este aspecto, el que ha desencadenado la mecha de preocupación dentro de las Iglesias Cristianas Andaluzas. Esto, pudo evidenciarse los días 16 y 17 de enero del año en curso, cuando los Obispos del Sur de España, se reunieron en la Diócesis de Guadix en la ciudad de Granada (España), para tratar entre muchas otras cosas, esta ley.

Precisando de antemano, que La Iglesia Católica respeta la orientación sexual de las personas también fueron enfáticos en destacar que dicha ley posee algunos postulados que pudiesen considerarse “delicados”.

Los Obispos, cuestionan las posibilidades reales del alcance de igualdad y respeto para todas las personas, que creen no podría lograrse con dicha ley. Y es que a los ojos de los máximos representantes de la Iglesia, esta ley podría tener carácter impositivo respecta a la visión específica del hombre. Es decir, que bajo el esquema de términos que utiliza, pretende erradicar los de varón y mujer, toda vez que los separa de su acople corporal, es decir, sería algo así como una deconstrucción corporal.

Y más preocupante aun (para los Obispos), es que el matrimonio y la familia, pierden su carácter integrador de hombre y mujer para obtener descendencia terrenal, con lo cual, creen que los alcances de esta norma, exceden con creces su fin principal que era luchar contra la discriminación por orientación sexual.

Entrando en el ya antiquísimo y común dilema ético religioso, los Obispos argumentan que esta ley claramente es una amenaza a la familia, la educación e incluso para la libertad de conciencia y de religión. Además, sostienen que la homosexualidad, transexualidad y otros estados intersexuales, no son equiparables ni deber ser atendidos por igual.

Podríamos decir, que el rechazo se debe a la incorporación de un nuevo tipo de familia que reconoce las diferentes orientaciones sexuales de los miembros de la familia. Pero además, la posibilidad de que la medicina se utilice para trasnformarn el cuerpo del paciente hacia el sexo opuesto, tampoco es del agrado de la Iglesia.

Para contrarrestar esta postura casi inflexible a lo largo del tiempo, los Obispos abogan por una justicia social, que responda a la necesidad real de ofrecer el derecho a ser tratado por igual sin ningún tipo de discriminación.

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